Esta es una de las conclusiones del informe que la OADIS ha elaborado tras una queja planteada por el CERMI, después de que el propio CERMI y Fundación ONCE realizaran un estudio en 2017 que denunciaba que el 63% de las ciudades analizadas no tenían el mínimo de taxis accesibles exigidos.

 

De esta forma, se vulnera el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte por las personas con discapacidad.

 

Ante la denuncia del CERMI, la OADIS solicitó información a las comunidades autónomas, y de los informes recibidos, dicho organismo concluye que  “no hay un registro estatal o autonómico de las licencias municipales para taxis accesibles”. De hecho, la mayoría de autonomías remiten a la OADIS a los ayuntamientos y argumentan que la concesión de dichas licencias y el cumplimiento del porcentaje del 5% se trata de una competencia municipal. Eso sí, en algunos casos, las comunidades informan que han implantado medidas de fomento para mejorar el porcentaje de licencias de taxis accesibles para personas con movilidad reducida.

 

En concreto, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y  Canarias explican que no cuentan con datos al tratarse de una competencia local, aunque la mayoría solicitará datos a los consistorios.

 

Por su parte, Andalucía cuenta con datos sobre las ocho capitales de provincia, de las que cumplen el requisito Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Mientras, Galicia y Comunidad de Madrid exponen que se están adoptando medidas para avanzar hacia la consecución de la cifra mínima exigida.

 

Además, la Comunidad Valenciana cuenta con los datos desagregados por provincias y explica que Alicante tiene un 4,62% de taxis accesibles; Castellón, el 16% y Valencia, el 1,73%. Baleares, cuyo único municipio afectado es Palma, sí cumple con el porcentaje mínimo.